DICTADURA DEL CAPITAL

Está quedando, triste y lamentablemente, demostrado que la gestión de la crisis que llevan a cabo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea (por todos conocida como la troika) significa un retroceso terrible en derechos y libertades y deja a la democracia herida de gravedad. Esto ocurre además con el beneplácito o la sumisión más absoluta de gobiernos de derechas o socialdemócratas que renuncian a la soberanía popular a favor de los mercados, y que nos conduce a “golpes de estado” silenciosos. En el caso del Estado español, la mayor expresión de esta realidad la encontramos en la reforma constitucional pactada por PSOE y PP al dictado del Banco Central Europeo que modificó el artículo 135 para garantizar la obligatoriedad del pago de las deudas por encima de cualquier otra prioridad social  (educación, sanidad, protección social, servicios públicos, etc.). De aquellos barros son estos lodos.

Los gobiernos que impulsan e implantan recortes pretenden convencernos de que no hay otra salida, que los recortes son inevitables y que no existe alternativa posible. Así, hemos comprobado como las medidas de austeridad puestas en práctica han supuesto una apuesta decidida por salvar a los bancos. Hemos asistido indignados y perplejos al rescate de la banca y no al de las personas, y las dramáticas consecuencias de las medidas puestas sobre la mesa no se han hecho esperar. Así, en los últimos años, hemos soportado dos reformas laborales, ajustes durísimos, miles de desahucios, recortes en políticas sociales…doce millones de personas, entre ellas dos millones y medio de niños, han sido arrojados a la pobreza.

Están aprovechando la crisis para consolidar una auténtica dictadura del capital.

Hoy más que nunca afloran las grandes contradicciones del sistema capitalista. Cuando cinco años después del afloramiento de la crisis asistimos a un proceso de concentración de la riqueza, cuando los ricos son más ricos que hace cinco años, cuando se aplica una política fiscal que beneficia a las grandes empresas, cuando la lucha contra el fraude fiscal ha desaparecido de las prioridades del gobierno, cuando 33 de las 35 empresas que forman parte del IBEX 35, disponen de sedes en paraísos fiscales, nos encontramos con otra realidad, la que afecta a la mayoría social, la que provoca el sufrimiento de millones de españoles. Paro, precariedad, exclusión, desahucio, son palabras que aparecen demasiadas veces en nuestro vocabulario.

Nuestra provincia no sólo no es ajena a esta realidad, sino que desgraciadamente “lidera” las estadísticas de muchas de las cifras negativas de este país nuestro. Cádiz tiene hoy más de doscientos mil parados, un 40% de nuestra población activa. Más de cien mil gaditanos no perciben ninguna prestación y el número de familias en las que ningún miembro aporta ingresos se incrementa vergonzosamente. El desempleo juvenil roza el 65% de las tantas veces referenciada como la generación más formada de la historia, pero que no tienen otra alternativa laboral que abandonar nuestra tierra para poder encontrar empleo. Empleo muy precario, por cierto.

En nuestra provincia se acentúa más, si cabe, los efectos de la crisis, y la ciudadanía gaditana sufrimos más sus consecuencias. Porque nuestra tierra acusaba los síntomas del modelo productivo basado en la especulación y la burbuja inmobiliaria antes de que la crisis diera la cara. Hay que recordar que en los tiempos de bonanza que en nada hacían presagiar a quienes gobernaban el problema que se avecinaba, Cádiz ya tenía un índice de paro que superaba en muchos puntos porcentuales la media. Era un paro estructural reflejo fiel de nuestros males endémicos: déficit secular de infraestructuras, desmantelamiento paulatino de nuestro sector industrial, con especial relevancia del sector naval, ausencia de tejido industrial, con especial relevancia del sector naval, ausencia de tejido auxiliar empresarial que aportara valor añadido a la producción endógena y al paso de mercancías por nuestros puertos, aguda temporalidad del sector turístico condicionado por un modelo urbanístico claramente especulativo e insostenible, por un modelo agrícola caduco, incapaz de generar desarrollo en nuestros pueblos…Aunque este somero análisis es conocido por todos.

Ciertamente “los sabuesos” del sistema están llevando adelante un “impecable trabajo”. La falta de transparencia en la gestión de lo público es manifiesta. La transparencia debe formar parte de un sistema democrático. No hace falta legislar la transparencia, es, y debe ser, consustancial a la democracia. Pues, ya vemos, al parecer hay que legislarla.

Y si entramos en el terreno de la corrupción, hay que combatir la impunidad de quienes han cometido fraude aprovechando su posición pública. Los personajes imputados por delitos diversos “se pasean” y “sientan sus posaderas”por toda la geografía hispana.

En nuestra comunidad autónoma, los dirigentes populares aprovechan cualquier ocasión para lanzar el mensaje de la radicalidad del gobierno andaluz por formar parte Izquierda Unida de ese gobierno. Me pregunto en que parte del espectro de la derecha se encontraran personajes como José Ignacio Zoido, el líder provisional del Partido Popular, para escandalizarse por la Política que se está llevando a cabo hoy por hoy en nuestra tierra. Si realmente se cree lo que dice, debe estar muy, pero que muy a la derecha dentro de su partido.

Salud….Pública, por supuesto.

ANTONIO FRANCO GARCÍA