Izquierda Unida ha dado a conocer esta misma mañana en rueda de prensa la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de una denuncia interpuesta por el partido, tras detectar supuestas irregularidades en el pago de una cantidad de horas extras "desorbitada" a un funcionario municipal durante los años 2007 a 2010 inclusive.
Como resultado de dicha denuncia, el partido ha informado de la imputación de siete personas relacionadas con este caso, entre ellas el ex alcalde de Rota y actual primer teniente de alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, y la que fuera en el periodo de alcaldía del primero delegada de Fiestas y de Relaciones Institucionales y actual alcaldesa de la Villa, María Eva Corrales Caballero.
El Juzgado Nº 2 de Instrucción de Rota ha iniciado las primeras diligencias relativas a este caso, aunque desde Izquierda Unida han dejado manifiesta su intención de "respetar al máximo la presunción de inocencia", por lo cual ni van a pedir la dimisión de los responsables políticos imputados, ni van a llevar a la prensa el caso de forma permanente, ya que según han explicado "no queremos hacer un circo mediático de este asunto, ni jugar al desgaste político. Nuestra labor es la de fiscalizar el trabajo del Gobierno municipal, y en cuanto detectamos ciertas irregularidades las pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Ahora es trabajo de los órganos judiciales dirimir si existe o no delito de prevaricación, y son ellos los que denuncian, y en el caso de que hubiese delito, condenan, pero no nosotros".
42.000 euros en horas extras
El concejal de Izquierda Unida, Antonio Franco, el coordinador local del partido, Manuel Carmona, y el representante de los servicios jurídicos de IU Rota, José Antonio García de Quirós, han explicado que fue en el año 2010 cuando reciben en su sede un cuadrante de horas extras de los funcionarios municipales, y tras estudiarlo descubren que un funcionario en particular había estado recibiendo desde el año 2007 una media de 2.500 euros aparte de su sueldo todos los meses, "incluso meses en los que este funcionario se encontraba de vacaciones".
"Este funcionario al parecer, y según estos cuadrantes, realizaba más de setenta horas extras todos los meses, llegando a realizar hasta 349 horas en un mes. Preguntando a sus compañeros de trabajo, nos aseguraron que ese empleado no había realizado esas horas extras reflejadas en los papeles, y tras comprobar la autenticidad de dichos partes, en virtud de nuestra responsabilidad social como servidores públicos lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía", explicaba García de Quirós.
"Esas cantidades, que ascienden al total de 42.000 euros, no solo nos parecía que podían revestir irregularidades a nivel laboral, sino que además podría haber detrás pagos encubiertos de algún otro tipo de actividad realizada por esta persona o por una persona cercana a este funcionario", explican desde Izquierda Unida, que ahora consideran que "nuestro trabajo ha terminado, a partir de este momento es la Fiscalía la que con todos sus medios investiga y llega a la conclusión de que puede hay indicios de un presunto delito continuado de prevaricación".
Aunque son siete las personas imputadas por Fiscalía en este caso, desde Izquierda Unida consideran que solamente la alcaldesa y su primer teniente de alcalde tienen "relevancia política". El resto de implicados son funcionarios y técnicos municipales, según han aclarado desde el partido. Las primeras declaraciones respecto a este asunto ya se habrían producido, aunque no han trascendido a la prensa.
Para Izquierda Unida, "el hecho de que a partir de que nosotros nos interesásemos por este asunto, desde agosto de 2010, se suspendiesen estos pagos "extraordinarios" al funcionario en cuestión, nos hace sospechar que efectivamente había algo "irregular" en este proceso".
