ASAMBLEA ABIERTA
El martes 30
de abril, a partir de las 19 horas 30 minutos, en el salón de la
Torre de la Merced, tendrá lugar una Asamblea Abierta, a cargo del
parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Ignacio García, que
versará sobre el Decreto-Ley para garantizar la función social de
la vivienda, publicado el pasado día 12 de abril.
El ponente
explicará las consecuencias de este Decreto-Ley, que consagra la
vivienda como un derecho protegido, combatiendo, por tanto, su
concepto de mera mercancía.
El Decreto
supone un giro radical en la forma de concebir la vivienda: de la
vivienda como mercancía se pasa a la vivienda como derecho.
Además, el
citado decreto pretende dar una respuesta contundente a una situación
de evidente emergencia social, económica y habitacional. Supone un
ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses
particulares de la banca y las grandes empresas, apuntando
directamente a los culpables de la crisis en beneficio de sus
víctimas.
Frente a
otros gobiernos autonómicos o el propio gobierno central, IU da
estricto cumplimiento a su programa y al pacto de gobierno,
estableciendo una serie de medidas concretas que garanticen esta
función social.
El decreto
contempla la expropiación temporal, durante tres años, del uso de
las viviendas a las personas jurídicas (bancos, filiales, entidades
de gestión…)que estén en proceso de ejecución o hayan sido
embargadas a aquellas personas que se encuentren en riesgo de
exclusión social y no tengan alternativa habitacional. Ante la
incapacidad del gobierno central de asumir su responsabilidad y
terminar con los desahucios ilegítimos, Izquierda Unida en el
gobierno andaluz exprime sus competencias para impedir los
desahucios.
Además, el
decreto contempla sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e
inmobiliarias que tengan viviendas vacías. Contempla incentivos al
alquiler para personas físicas asegurando los riesgos que conlleva
el arrendamiento y garantizando el cobro de la renta y el arreglo de
eventuales desperfectos, así como medidas fiscales que determinen
las respectivas Administraciones; subvenciones que serán recogidas
en el próximo Plan de Vivienda.
Al tratarse
de una asamblea abierta, los asistentes pueden dirigir sus
interrogantes y participar de una forma directa. El objetivo es que
el decreto-ley quede lo suficientemente claro y que todos puedan
disipar las dudas que tengan al respecto.
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