La factura de la electricidad de España es la tercera
más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas
españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las europeas.
Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes
de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre
otras; y todo ello, según se decía, en la búsqueda de más competencia, al
compás marcado por la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado
más eficiente y conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a
los precios aplicados a los consumidores finales.
Las empresas eléctricas españolas tienen unas ratios
de rentabilidad superiores a las de sus
homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica
que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan
teniendo más beneficios que las europeas. De hecho, los datos correspondientes
a 2012 (los de 2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa
fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron
en 2012, solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF
Suez, National Grid, E.ON o Enel.
Desde la irrupción de la crisis, los márgenes del
sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a
ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron
en 2008, apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el
cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles notables beneficios. De hecho, en
los tres primeros trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas
españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus
cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros.
Por ejemplo Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio
de 1.551 millones hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola
hasta septiembre es de 2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta
los 1.120 millones de euros.
Esto se da en unos momentos en los que la crisis y las
políticas neoliberales, puestas en marcha con la justificación de ella, provocan
que el 10% de la población estén sufriendo la denominada “pobreza energética”.
Urge abordar una justa reforma, en profundidad, del
sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas
estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios
que han puesto en marcha los gobiernos centrales no han solucionado el problema
del déficit, han agravado el drama social-económico de una estimable parte de
la ciudadanía, dado el insoportable encarecimiento de la factura energética.
Hasta ahora, la benevolencia con las empresas eléctricas queda demostrada
por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de
tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización teórica, al menos el
50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte
y distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la
moratoria nuclear entre otros. No es ajena a la situación la cuestión del
déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos
ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario,
la famosa diferencia entre coste real y el calculado, que “justifica” un
presunto déficit de miles de millones de euros, se haya valorado de forma
correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco
Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las
propias compañías, que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del Estado,
y que así lo reconoce el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
El “presunto” déficit tarifario existente es de
naturaleza regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea
afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el
Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema
de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un
nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética,
pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit
tarifario. Hay otros modelos de gestionar el sector energético y lo podemos
tomar copiado de países europeos con monarquías democráticas, a los que siempre
tomamos como referentes del progreso sostenible y desarrollo eficiente en
muchos ámbitos: son los casos de estados nórdicos, miembros de la UE o
asociados. Un caso claro es el de Noruega.
El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su
intención de presentar una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente
necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para
que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética y
las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la
ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios
como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de
compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por
las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE.
Esta reforma debería garantizar un mix (o combinación
paralela) energético en el que, junto a la reserva estratégica de fuentes primarias
de energía autóctona, se dé un impulso real y favorezca la implantación
progresiva de las energías renovables. También se hace necesario favorecer el
autoconsumo de energía con balance neto que, además de reducir las emisiones
contaminantes y de CO2, mejore la
balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas; a su vez,
disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone
una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto
de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría
una reducción de los costes medios del Kw, democratizaría el sistema energético
y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Tenemos, y
aún está más justificado en estos momentos, el deber de actuar para evitar el drama diario de la pobreza
energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía,
sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica –caso de los
perjuicios en el sector agrícola y las comunidades de regantes provocados por
el “tarifazo eléctrico”- tienen los excesivos costes del suministro eléctrico.
La finalidad es: aplicar lo que recoge el Art.º 128 de la Constitución; es el
desarrollo legislativo y ejecución del contenido y texto de nuestra Carta
Magna.
Por lo expuesto, traslada para su debate y aprobación por este
Pleno, si así se considera necesario y oportuno, la siguiente
Moción:
1º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a
aplicar al sector privado energético español lo recogido en el Art.º 128.2 de
la Constitución y, por ende:
- Acuerde la inmediata intervención de las empresas
del sector energético para preservar el interés general de un servicio
esencial.
- Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante
el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad
de los servicios energéticos.
- Abra una mesa de diálogo y negociación, con
participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos
parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético
español.
2º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a
adoptar todas las medidas legislativas oportunas que garanticen el suministro
básico esencial de energía y nadie más pueda verse privado de este servicio por
carencia constatada de recursos económicos.
3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de
al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de
Diputados.
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