Nuevo traspié con la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa: la burra al trigo...

Nuevo traspié con la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa: la burra al trigo…

La calidad educativa en la escuela pública es necesaria. Nadie lo cuestiona. Debemos plantearnos si el instrumento para ir alcanzando esa mejora de la educación pública es otra nueva ley, con tanta urgencia. Una nueva ley, sin más, no es la solución; son muchas las necesidades. Otra nueva ley es el pretexto del PP para convertir la escuela pública en factorías desde las que domesticar a docentes y alumnado, bajo la cada vez mayor autoridad de los directivos. Hay que leer y releer el anteproyecto.

Quieren que la escuela pública funcione como una empresa privada en la que solo importa el rendimiento y la producción de titulados con el menor coste posible; repiten una y cien veces el término competitiva, derivada de competencia, término que está de moda. A nosotros nos gusta el par de palabras “escuela cooperativa”, aprender interactuando y cooperando con y desde la diversidad. Esos conceptos ni aparecen en el anteproyecto de ley. Ellos desprecian esos valores. Competencia y competitividad conlleva responder individualmente y, a ser posible, destacando sobre los demás; en esa dinámica es innecesaria la libertad, la crítica… El PP nos quiere llevar a la escuela competitiva y competidora con tantas pruebas externas de diagnóstico y evaluación final: en 3º de Primaria, otras finales de etapa en 6º, en 2º de Secundaria… Serán muchas las veces que tendremos que revalidar y demostrar que valemos como educadores, familias y alumnado. Incluso van a publicar datos de resultados de evaluación, van a establecer unos ránking o clasificaciones, mostrarán que hay colegios de primera, segunda y tercera división, sin tener en cuenta que la materia prima es diferente en cada uno: no todos los barrios, familias y escolares son iguales en oportunidades ni capacidades. No se enteran que una escuela no es una fábrica de tornillos.

Escuela pública con una plantilla lo menos crítica posible o la más dócil al dictado de las “futuras” orientaciones y directrices de la administración educativa, a saber cuáles serán; aún están por determinar e imponer. El texto es de lo más ambiguo por los términos empleados, los dobles sentidos o las abiertas interpretaciones que contempla. Son muchas las cartas marcadas que no desvelan para no destapar jugarretas en detrimento de la pública. Todo ello hace que esta ley sea un churro. Presumen y repiten el concepto de autonomía educativa. Con una sutil socarronería y retorcida astucia, adobada del mayor descaro, una débil argumentación y el imperio del rodillo de la mayoría parlamentaria, se permiten hablar de autonomía cuando están por arrancar las competencias educativas a las comunidades autónomas.

Tendremos una escuela encorsetada. Dice el artículo 6, punto 4: “Los centros educativos dispondrán de autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, de conformidad, eso sí, con la directrices que, en su caso, establezcan las administraciones educativas”. ¿Cuáles serán esas directrices? No se conocen. ¿Por qué no adelantan algo, por qué no las dan a conocer? ¿Qué métodos pedagógicos propios permitirán? ¿Las escuelas privadas concertadas que segregan por sexo? Ya puestos podemos separar por sexos también en las iglesias, autobuses… o por qué no, por el color de la piel, el origen…

Las pruebas de diagnóstico y finales de etapa, serán de evaluación de la actividad docente y académica (además de evaluar al alumnado, estarán valorando la labor de los docentes y la validez de su trabajo, incluyendo también la idoneidad de la labor educadora de las familias; sin embargo, a ellos, esos políticos profesionales gobernantes, a los inútiles senadores, asesores y otros adjuntos enchufados, ¿quién, cuándo, cómo y cada cuánto tiempo serán evaluados? Ellos, desgraciadamente, sólo son evaluados cada cuatro años.

Dice el texto: las pruebas serán aplicadas y calificadas por especialistas externos a los centros educativos. Pero, ¡cuidado! No dicen si serán agentes externos al centro pero dependientes de la administración educativa (inspectores, otros funcionarios), o serán empresas privadas que comerán del presupuesto público y que ellos enchufarán-elegirán en concursos a dedo, oscuros o descarados… Empresas privadas que miden la calidad de los servicios públicos, pero que no van a morder la mano que les alimenta.

Potenciarán la función directiva: le darán más competencia y se las quitará al Claustro y Consejo Escolar, éste último queda de adorno. O sea, menos contenido participativo, menos calidad democrática.

El objetivo y reto debería ser el opuesto: el de aumentar la participación de los sectores en la educación, enriquecer con las aportaciones de la diversidad y la capacidad de decisión colectiva, familias más implicadas y responsables en la construcción de una escuela pública de calidad… En esa dirección no apunta esta ley. Esta ley no reforma, esta ley d e f o r m a la actual escuela. Va en el sentido contrario a la escuela abierta, autónoma, dinámica, cooperativa, crítica… que se necesita.

Incluso, el director o directora podrá establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de personal (incluso de interinos), pero según el proyecto educativo que ese equipo directivo defienda, sin que intervenga ni decida el Claustro, que debería ser el órgano decisorio en asuntos de proyectos pedagógicos. Se anula al Claustro, al Consejo Escolar y se prima al órgano unipersonal de la dirección. Pasos pa´tras.

Por estas y otras razones, no a esta reforma. No traerá más calidad, supondrá un retroceso de la pública para engordar a la privada concertada; supondrá conformar una escuela pública en la que el escolar será tratado como una mercancía, porque esa es su mentalidad comercial dentro de su mercado liberal, salvaje y capitalista, que debemos socavar.

Manuel Helices